Unión parental: qué cambia desde el 30 de junio de 2025

Quebec era la única provincia donde dos personas podían convivir veinte años, tener hijos y separarse sin ningún reparto de bienes entre ellas. No era un olvido: era una decisión asumida durante mucho tiempo, la de no imponer a las parejas de hecho el régimen del matrimonio.

El 30 de junio de 2025 esa decisión se matizó en un punto concreto: la existencia de un hijo común. Desde esa fecha, las parejas de hecho que tienen un hijo en común quedan sujetas de pleno derecho a un régimen llamado «unión parental».

«De pleno derecho» es la parte importante. No hay nada que firmar, nada que declarar y nada que inscribir: el régimen se aplica porque lo dice la ley, se sepa o no.

El régimen alcanza a las parejas de hecho cuyo hijo común nazca o sea adoptado a partir del 30 de junio de 2025. Lo que cuenta es la fecha del hijo, no la de la pareja: dos personas que llevan quince años juntas entran en él el día en que nace su primer hijo después de esa fecha.

No se aplica a los casados ni a las uniones civiles, que ya tienen su propio régimen, ni a las parejas de hecho sin hijos comunes, ni a aquellas cuyos hijos nacieron todos antes del 30 de junio de 2025. Para ellas sigue valiendo la regla anterior: convivir no crea nada.

Es lo primero que conviene comprobar, y lo más sencillo: mire la fecha de nacimiento de su hijo menor.

El régimen crea un patrimonio común limitado a bienes de uso familiar: las residencias de la familia, los muebles que las guarnecen y los vehículos utilizados para los desplazamientos familiares, cuando se adquieren durante la unión.

Al terminar la unión (separación o fallecimiento), ese patrimonio se reparte en principio a partes iguales, con independencia de cuál de los dos lo pagó o de quién figure en el contrato.

Lo que no entra sigue siendo de cada uno: las cuentas, las inversiones, el plan de ahorro, la empresa, la casa de campo que no es residencia familiar. Lo que entra y lo que queda fuera es más preciso de lo que parece, y es justo la clase de pregunta que conviene hacer antes y no después.

Hasta ahora, la pareja de hecho no heredaba. Sin testamento, la sucesión iba a los hijos, a los padres o a los hermanos, y el superviviente podía verse obligado a comprar a sus propios hijos la parte de la casa en la que vive.

Desde la reforma, el conviviente en unión parental recibe un tercio de la sucesión cuando no hay testamento. Es una protección real y sigue siendo estrecha: solo alcanza a las parejas que el régimen contempla, y un tercio no es todo.

El testamento sigue siendo el único modo de ir más allá de lo que prevé la ley, y el único que protege a las parejas de hecho que el régimen no contempla.

El régimen no convierte a la pareja de hecho en un matrimonio. No crea un patrimonio familiar completo, no da derecho a pensión alimenticia entre convivientes y no resuelve qué pasa con el resto de sus bienes.

Tampoco sustituye a un mandato de protección: si uno de los dos queda incapacitado, el otro no tiene ningún poder automático sobre sus asuntos, haya unión parental o no.

Tres documentos cubren lo que el régimen deja abierto, y suelen prepararse juntos porque responden a los mismos tres momentos: la separación, la incapacidad y el fallecimiento.

La ley prevé además que los convivientes puedan ordenar entre ellos los efectos del régimen. Es una decisión que se toma informado y por escrito, y es una de las razones para hablarlo pronto y no cuando la pregunta ya se ha planteado.